Políticos catalanes presos toman posesión de su escaño

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En lo que tendría que haber sido una sesión protocolaria, en la que se diera a inicio a la décimo segunda legislatura de la democracia española desde su restauración en 1976, el Congreso de los Diputados fue el escenario de la alta tensión política y la fragmentación cada día más frontal entre los distintos grupos parlamentarios. El momento de mayor crispación fue cuando los políticos independentistas catalanes presos, que fueron elegidos en las urnas en los comicios del pasado 28 de abril, acataron la Constitución para tomar posesión del escaño advirtiendo que eran “presos políticos”, lo que desató los abucheos, el pataleo y hasta los gritos de un nuevo grupo parlamentario en la Cámara, el de la formación de extrema derecha Vox.

En la primera sesión de la nueva legislatura se eligió en primer lugar a la nueva presidenta del Congreso, que en esta ocasión fue nombrada la socialista Meritxell Batet, que se convierte así en la primera mujer de origen catalán en asumir el tercer cargo en importancia del Estado español, sólo después de jefe del Estado y Rey de España, Felipe VI, y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Batet fue elegida en segunda votación por mayoría simple, con 175 votos a favor, de los diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Unidas Podemos (UP), del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de Coalición Canaria (CC) y de Compromis.

Durante la votación ya se registró la primera controversia, sobre todo por la fórmula elegida por los 15 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que en lugar de poner el nombre de su candidato en el papel que se depositó en la urna pusieron la palabra “Libertad”. El preámbulo de la sesión había estado marcado precisamente por la presencia, por segundo día consecutivo, de los cuatro diputados catalanes que también están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, por su participación el proceso que culminó con la declaración unilateral de independencia fallida del 27 de octubre del 2017.

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull llegaron de nuevo protegidos por un fuerte dispositivo policial y después de ser trasladados desde la prisión de alta seguridad de Soto del Real. De hecho, el propio Junqueras saludó de mano al presidente español, Pedro Sánchez, y a otros líderes de grupos parlamentarios, sobre todo con los que su formación independentista mantiene buena sintonía y hasta proyectos en común, como Pablo Iglesias, de UP, y Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Una vez elegida la presidencia del Congreso y el resto de los miembros de la Mesa -de los que el PSOE tendrá tres puestos, dos UP, otros dos el PP y dos Ciudadanos-, la nueva presidenta Batet moderó la sesión en la que cada diputado tenía que prometer o jurar respetar la Constitución española de 1978, como establece la legislación. Fue entonces cuando los diputados independentistas catalanes y vascos decidieron establecer su propia fórmula, utilizando el idioma particular de su comunidad autónoma y en el caso de los diputados procesados en el Tribunal Supremo añadieron que eran “presos políticos” y que acataban la Constitución española por “imperativo legal”.

Los 24 diputados de Vox habían madrugado para sentarse precisamente en los escaños que utiliza habitualmente el PSOE, aprovechándose de que en la sesión de inicio de la legislatura aún no se han designado los escaños a los grupos y cada diputado se puede sentar donde quiera. Desde esa posición, los parlamentarios de la extrema derecha patalearon y silbaron cuando tomaron la palabra los diputados presos y cuando a ellos les tocó el turno añadieron a su juramento de respetar la Constitución que lo harían “¡por la unidad España!”

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